Ayotzinapa, la transnacionalización de un movimiento social

La noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala Guerrero, fueron asesinadas 6 personas, 23 resultaron heridas y desaparecieron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, una escuela de educación popular campesina. Los hechos ocurrieron durante una colecta de fondos para ir a la Ciudad de México a la conmemoración anual de la matanza de estudiantes que ocurrió en Tlatelolco en manos del ejército mexicano el 2 de octubre de 1968. El objetivo era buscar alianzas con el movimiento estudiantil nacional para exigir justicia y esclarecimiento del asesinato de dos compañeros en manos de la policía estatal en diciembre de 2012. Al principio se acusó al grupo criminal Guerreros Unidos de ser el autor de los hechos en complicidad con la policía municipal. Poco a poco y gracias a la constante movilización de activistas y de los familiares de los estudiantes desaparecidos, ahora se sabe que los tres órganos de gobierno –municipal, estatal y federal-, estuvieron involucrados y que sin duda alguna el ejército es corresponsable de los hechos.

La desaparición forzada de los estudiantes suscitó una de las más grandes movilizaciones en la historia reciente de México, la denuncia es contra el Estado, al que se le acusa de ser el responsable de la desaparición forzada de los 43 jóvenes. Con un clamor generalizado de un ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! el día 22 de octubre se llevó a cabo la primera Jornada de acción global por Ayotzinapa durante la cual hubo manifestaciones en más de 100 ciudades alrededor del mundo. Al mismo tiempo, los días 22 y 23 de octubre de 2014, más de 70 instituciones de educación media y superior del país se declararon en paro de labores exigiendo el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los estudiantes. El mismo 22 de octubre se hizo pública una carta abierta desde el extranjero titulada “Ayotzinapa somos todos”, la cual fue firmada por intelectuales y académicos de más de 500 universidades ubicadas en más de 60 países. Se instauró como jornada de acción cada día 26 del mes para conmemorar la desaparición forzada y como un símbolo de protesta capaz de visibilizar otros numerosos casos de impunidad, violencia y corrupción cometidos en México en complicidad con el gobierno. Estos llamados a acciones a nivel nacional e internacional contribuyeron a la formación de redes de activistas globalizadas.

Este texto se centra en la especificidad del movimiento social de Ayotzinapa no sólo por su elemento detonador, sino por su amplio alcance internacional que desde el levantamiento zapatista no había ocurrido con ningún movimiento social originado en México. En varias ciudades del mundo se pudo observar cómo la catarsis colectiva de un ¡Ya basta! se fue perfilando progresivamente en la formulación de peticiones concretas en materia de política exterior y de relaciones bilaterales en relación con la grave crisis de derechos humanos por la que se atraviesa en México. Ejemplificaremos esta evolución con diferentes casos, en particular los de Montreal y París. Se explorará cómo estas peticiones buscan interpelar a la estructura corrompida del gobierno mexicano en sus relaciones bilaterales. Ya sea a través de conferencias, peticiones, caravanas o performances, estas redes internacionales, conformadas tanto por mexicanos residentes como por ciudadanos solidarios, tienen repercusiones consecuentes en la evolución de este movimiento y en la agenda pública de los derechos humanos en México.

Ayotzinapa, ¿una lucha de carácter global?

Ecos globales de una protesta física y virtual

Desde 2006 se cuentan en México más de 100 000 muertos, más de 250 000 desplazamientos forzados y más de 26 000 desaparecidos como consecuencia de la supuesta Guerra contra el narcotráfico, a la cual, el gobierno de Peña Nieto le ha dado continuidad. Desde el inicio de su mandato en 2012, 13 personas desaparecen diariamente. Además, el informe del Relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan Méndez, denunció en su informe de diciembre de 2014 que en México la tortura es una práctica generalizada en el sistema de justicia mexicano. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en su visita a México en octubre del 2015, afirmó que en el país existe una tasa de impunidad del 98% y que la mayoría de los delitos ni siquiera son investigados. En el mismo sentido, numerosos defensores de derechos humanos y periodistas han sido asesinados o han sido víctimas de desapariciones forzadas, como fue el caso del fotoperiodista Rubén Espinoza y la activista Nadia Vera, violentamente asesinados el 31 de julio de 2015 en el Distrito Federal junto con otras tres mujeres. Según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), México es el país más peligroso de Latinoamérica para ejercer el periodismo. Además, están los casos de ejecuciones extrajudiciales como los de Tlatlaya en junio de 2014 donde el ejército asesinó a 22 personas. Después de Ayotzinapa, el ejército ha sido el protagonista de al menos tres episodios de ejecuciones extrajudiciales, Apatzingán, Tanhuato, Ostula. En este último, soldados dispararon a mansalva sobre la población civil y entre otros, mataron a un niño de 12 años de una herida de bala en la sien, y esto sin que ningún gobierno extranjero instigue públicamente a que se haga justicia en México por estos hechos.

A pesar de estos múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, ningún otro acontecimiento, incluso de proporciones semejantes, había causado tanta indignación y movilización popular como fue el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Muchas personas adujeron que Ayotzinapa era precisamente la gota que había derramado el vaso.

Ayotzinapa despertó la indignación por estos y muchos otros casos que día con día se agregan a la lista de crímenes que suceden en colusión con el gobierno mexicano. El impacto nacional de los 43 se expandió rápidamente a redes internacionales, las cuales hicieron uso tanto de medios de comunicación tradicionales como son The Economist, The New York Times, The New Yorker y The washington Post, que retomaron el tema de manera crítica y, de los medios no convencionales, como son las redes sociales. Por ejemplo, Facebook y Twitter, uno de los hashtag relacionados con la protesta, #yamecansé, estuvo como Trendic Tropic en el país por más de 60 días. A partir de Ayotzinapa, la imagen de Peña Nieto disminuyó considerablemente su popularidad internacional, y en la actualidad está muy lejos de ser visto como el “salvador de México” que proponía la revista Times en febrero de 2014.

La verdad histórica y la movilización social

El 28 de enero del 2015, el entonces Procurador de la república, Jesús Murillo Karam, en una conferencia de prensa aseguró, sin mayor prueba científica más que la confesión bajo tortura de dos supuestos narcotraficantes, que los 43 estudiantes habían sido quemados vivos —sometidos únicamente por tres individuos- en un basurero municipal de Cocula (a 30 kilómetros de Iguala)  y que sus restos fueron arrojados al río San Juan. Con esta débil versión de los hechos, a la que llamó La verdad histórica, el Estado intentó cerrar oficialmente el caso, teniendo 99 personas detenidas pero aún ninguna procesada. Especialistas en peritaje y científicos de varias universidades, entre otras de la Universidad Nacional Autónoma de México, sostienen que las condiciones climatológicas (esa noche llovió en Cocula) y de incineración al aire libre (se necesitan más de 1000° centígrados), hacen que la versión proporcionada por el Procurador sea inverosímil. Además, casi un año después, el 6 de septiembre del 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desmintió esta versión y puso de manifiesto que la Procuraduría de Justicia destruyó pruebas, alteró deliberadamente declaraciones de testigos y omitió información de alta importancia para el esclarecimiento del caso.

A un año de la desaparición forzada, la movilización social sigue reclamando justicia, el esclarecimiento de los hechos y la aparición con vida de los estudiantes en un contexto de violencia generalizada y de impunidad. Frente a esta ola de violencia desatada a partir de 2006 por una supuesta Guerra contra el Narcotráfico, la cual ha sido denunciada por organismos de defensa de derechos humanos internacionales, como una estrategia de criminalización de la protesta social; por primera vez desde la insurrección zapatista el 1^ero de enero de 1994, miembros de la comunidad internacional se indignaron masivamente para denunciar las repetidas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. En más de 50 países se organizaron acciones con diferentes características y diferentes tamaños. En Bolivia más de 3000 personas marcharon el 20 de noviembre de 2014 en repudio a los hechos de Ayotzinapa y la Universidad Mayor de San Andrés se unió también al paro de labores convocado desde México. Turistas en Machu Picchu o en la Muralla China tomaron fotos con carteles que reclamaban la aparición con vida de los estudiantes. En Berlín, activistas tomaron la embajada de México por 43 horas para impedir que se realizaran las festividades previstas el 1 y 2 de noviembre. La mayoría de las representaciones consulares de México en el mundo hicieron frente a manifestaciones afuera de sus instalaciones.

Inspirándose en este ímpetu de reclamo de justicia internacional, y apoyados por organizaciones de base en diferentes países, en el marco del Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo (22 diciembre 2014 – 3 de enero 2015), el Consejo Nacional Indígena decidió junto con los padres de los estudiantes desaparecidos y con la red de solidaridad de la Sexta Zapatista, salir a compartir con organizaciones de base de otros países los casos de impunidad en México. La principal reivindicación sería la aparición de los 43 estudiantes, pero también tenían como objetivo denunciar las desapariciones forzadas en general y la impunidad de los órganos de gobierno. En el primer semestre de 2015 se organizaron cuatro caravanas, dos en América del Norte, una en América del Sur y una más en Europa. La elección de los lugares y los organismos que recibirían a las delegaciones se hizo en función de la capacidad de organización local, quienes vincularon las reivindicaciones de los familiares de los estudiantes desaparecidos con sus luchas particulares. Por ejemplo, en Estados Unidos, estuvieron vinculados diferentes organismos que combaten la discriminación racial; en Francia, participaron también organizaciones contra la brutalidad policiaca; en Sudamérica, organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, por ejemplo la emblemática organización de las Madres de la Plaza de Mayo; y en Canadá, organismos vinculados a las luchas indígenas en México, a la defensa de derechos humanos en América latina y de exiliados políticos mexicanos.

En Montreal, durante la visita de la caravana se logró una fuerte presencia mediática. Más que la hermandad de las luchas, mismo si siempre estuvo presente como tela de fondo, la energía se centró en denunciar pública y masivamente las graves violaciones a los derechos humanos y en el cabildeo a los órganos de gobierno tanto provincial (Quebec) como federal (Canadá). Múltiples actores y grupos organizaron acciones que fueron desde performances, hasta manifestaciones, elaboración de murales colectivos y denuncia sostenida en la prensa y en las redes sociales. Este trabajo constante mantuvo presente el tema en la agenda mediática y facilitó que en la visita de la caravana a Quebec, los delegados fueran recibidos en la Asamblea Nacional de Quebec y que los diputados emitieran una moción a la unanimidad incitando al gobierno mexicano a esclarecer los hechos. Los delegados también fueron recibidos en Ottawa por miembros de la Subcomisión de derechos humanos internacionales del parlamento canadiense sin que éstos hicieran ningún pronunciamiento oficial.

A pesar de que el Consejo Nacional Indígena estuvo detrás del origen de estas caravanas, el discurso difundido en los diferentes países no fue el de una lucha indígena globalizada, sino el de una lucha de todos los ciudadanos del mundo cuyo gobierno haya cometido algún crimen contra ellos. En el caso de París, durante el encuentro “Comment lutter et quelles solidarités face aux violences d’État ?” que se llevó a cabo el 4 de mayo de 2015, los integrantes de la caravana, entre ellos Omar García, sobreviviente de Iguala, y Román Hernández del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinollan, afirmaron que el sentido de la caravana europea era unir fuerzas por la misma lucha que se vive en diferentes países del mundo. En este encuentro, colectivos contra la violencia policiaca y los miembros de la caravana dijeron reconocer, pese a la distancia y los diferentes contextos, una misma causa y una misma lucha. Así pues, la organización de la caravana en París se hizo en coordinación con varios colectivos involucrados con la lucha zapatista, pero también con luchas contra las diferentes maneras de represión del Estado. Esta misma coordinación sigue en pie, formalizada como la Coordinación de Colectivos en París por Ayotzinapa, y fue la misma que apoyó en las acciones contra la visita de Enrique Peña Nieto el 14 de julio, día de los Derechos Humanos en Francia. Durante esta visita de apenas tres días, se firmaron más de 60 acuerdos de cooperación y tan sólo en el último día se firmaron 14 acuerdos bilaterales. En los encuentros, se habló de los lazos de amistad con México y de los buenos socios que han sido, pero nunca se hizo mención del tema de las desapariciones forzadas y los crímenes de lesa humanidad. En consecuencia, la Coordinación de Colectivos organizó un festival anti-Peña Nieto de cine documental y un rassemblement “L’autre 14 juillet: les 43 à l’honneur”. Ese mismo 14 de julio, las fuentes de París y otras ciudades en Francia amanecieron teñidas de rojo, simbolizando la verdadera tinta con la cual se firmaron dichos acuerdos.

También, por primera vez en la historia del México, ciudadanos expatriados se organizaron para hacer demandas públicas sobre la política extranjera de su país de residencia hacia México. Sus reivindicaciones tuvieron mucho eco en algunos países como Francia e incluso se discutieron en el parlamento, como fue el caso de Alemania, donde la diputada Heike Hänsel del partido La Izquierda viajó a Guerrero para enterarse de la situación de viva voz de los afectados. A su regreso, sostuvo un debate parlamentario con Michael Roth, representante del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores acerca de la cooperación con México y de la venta de armas a este país. Ahora se sabe que las armas que se utilizaron para masacrar a los estudiantes la noche de Iguala son de facturación alemana y supuestamente destinadas a uso exclusivo del ejército. En este sentido, en Berlín en particular, las y los activistas estuvieron muy activos en la denuncia y crearon una petición para que se suspendieran los acuerdos comerciales y la venta de armas a México hasta que no se resolviera el caso de manera satisfactoria y que el Estado garantizara el respeto a los derechos humanos.

En el Parlamento Europeo, a iniciativa del Partido Izquierda Unida y el Partido Verde Europeo, se escucharon los testimonios de Bernabé Abraham Gaspar e Hilda Legideño Vargas, padres de estudiantes desaparecidos, quienes expusieron todas las anomalías con las que había sido tratado el caso. En una audiencia donde estuvo presente el embajador de México en Bélgica y representante de México ante la Unión Europea, Juan José Gómez Camacho, los posicionamientos de los euro-diputados estuvieron divididos. Algunos, sobre todo los de derecha y en nombre de la democracia, daban la credibilidad a las instituciones mexicanas, otros, los de izquierda, a las víctimas. Días antes Hilda y Bernabé habían sido recibidos en Suiza por la comisión de expertos de la ONU contra las desapariciones forzadas donde expusieron con detalle todos los acontecimientos. En Quebec, el diputado Amir Khadir del partido Québec Solidaire, además de recibir personalmente a la delegación de Ayotzinapa, promovió una moción en la Asamblea Nacional de Québec, la cual fue aceptada a la unanimidad, para expresar su preocupación ante el caso e incitar al gobierno mexicano a llegar a la verdad de los hechos a través de una investigación transparente e independiente. Por su parte, en la federación canadiense, la subcomisión de derechos humanos del Parlamento recibió a la delegación mexicana para escuchar sus reivindicaciones.

Destaca también la irrupción que hizo el activista Adán Cortés Salas con una bandera de México manchada de sangre, durante la entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo. Esta acción, que trajo como consecuencia la deportación de Adán, logró que las reivindicaciones de la ciudadanía mexicana, y la fuerza que estaba tomando el movimiento social, fueran primera plana en los principales periódicos de todo el mundo.

El caso de Ayotzinapa en la política exterior mexicana: un olvido estratégico

Un pacto global de impunidad: las reformas de Peña Nieto

A pesar de la crítica nacional e internacional, del activismo de miles de personas y de la indignación y hartazgo de una gran parte de la población mexicana, el mismo sistema de impunidad rige sobre México. Si en la prensa internacional se pasó del “Mexican moment” al “Mexican murder”, la apertura a la inversión extranjera de energía y petroquímica (anulando la exclusividad de explotación como lo marca la Constitución Mexicana en sus artículos 25, 27 y 28), e importantes reformas en materia de salud y educación que están encaminadas a la privatización de estos servicios parecen haber cristalizado este “momento” al fungir como veto a la clase política mexicana. En efecto, pareciera que esta apertura de mercado sin reservas le ha garantizado a Enrique Peña Nieto la impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos. Es más, la única cláusula que se había reservado el gobierno mexicano frente a Estados Unidos y Canadá en la firma del TLCAN de 1994, era la exclusividad en la propiedad de los bienes, y en las actividades e inversión en los sectores del petróleo, gas, refinación, petroquímicos básicos, energía nuclear y electricidad, por lo cual dichas materias se habían excluido del TLCAN.

A pesar de las movilizaciones masivas en varias partes de México y del mundo y ante la evidencia de desapariciones forzadas, −tan sólo durante la búsqueda de los estudiantes se descubrieron más de 60 fosas clandestinas en el estado de Guerrero con 129 cadáveres (20 mujeres y 109 hombres)-, ningún Estado se pronunció oficialmente para denunciar lo que estaba pasando en México o para exhortar al gobierno mexicano a esclarecer los hechos y a garantizar el acceso a la justicia de las personas afectadas. Este tipo de pronunciamientos sí los han hecho recientemente con otros gobiernos de América latina, que al igual que el mexicano también se eligieron en las urnas, como ocurrió con Hugo Chávez y posteriormente con Nicolás Maduro en Venezuela, Manuel Zelaya en Honduras o Fernando Lugo en Paraguay. La diferencia con esos gobiernos, es que el mexicano sí ha cedido a realizar importantes reformas en materia de política energética y económica y con ello ha sellado un pacto de silencio e impunidad.

El interés económico detrás de Ayotzinapa

También queda claro que en Ayotzinapa el tratamiento que le ha dado el gobierno al caso va más allá de la pura impunidad y colusión del crimen organizado con los órganos de gobierno (municipal, estatal y federal). Hay también intereses económicos que impiden que salgan a la luz todos los enjuagues políticos, económicos y comerciales que explicarían la saña con la que fueron atacados los estudiantes de la normal rural, –Julio César Mondragón, uno de los estudiantes más combativos, fue uno de los asesinados la noche de Iguala y apareció desollado la mañana del sábado 27 de septiembre-.  Y es que por un lado, se encuentra sin duda el jugoso negocio del narcotráfico. El tráfico de opio en la región es de los más importantes de Latinoamérica y exporta casi la mitad de la heroína que se consume en Estados Unidos. El trabajo colaborativo entre la cadena de producción de este estupefaciente, los cuerpos policiacos, del ejército y de las autoridades locales, regionales, con la anuencia de las autoridades nacionales ha sido largamente documentada por periodistas como Anabel Hernández (Proceso). Pero además del narcotráfico, en la misma región de Tierra Caliente, a menos de 200 kilómetros de Ayotzinapa, se encuentra Los Filos, la mina de oro más importante de Latinoamérica concesionada a la minera canadiense GoldCorp, la cual ha enfrentado la oposición de los pueblos indígenas y de las comunidades organizadas de la región. El inicio de operaciones de la mina estaba previsto para finales de 2014, apenas unos meses después de que desaparecieran los estudiantes.

Si bien es cierto que no hay ninguna línea de denuncia que relacione la desaparición forzada de estos 43 jóvenes con las actividades de la mina, lo es también que su presencia no contribuye al esclarecimiento de los hechos y que la desaparición de los estudiantes sirvió de distractor para que no aumentara la oposición al inicio de operaciones de lo que algunos suponen será una de las más grande explotaciones de oro del mundo durante los próximos 200 años. Al mismo tiempo, el importante capital canadiense que está en juego en la región, seguramente contribuye a que el gobierno de Stephen Harper decida no pronunciarse sobre los crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en un radio de 200 metros de la concesión extractiva en manos de GoldCorp. Esto cobra más sentido si tomamos en cuenta que el gobierno conservador anunció en 2009 que el desarrollo de la industria minera es un sector estratégico para el desarrollo económico de Canadá. En el momento en que estamos escribiendo estas líneas, y a pesar de la moción a la unanimidad de la Asamblea Nacional de Quebec de abril pasado para exhortar a México a esclarecer los hechos de Ayotzinapa, el primer ministro de Quebec, Philippe Couillard, se encuentra en México y anunció que Quebec invertirá en el país 2 mil millones de dólares en los próximos 5 años, haciendo de México su primer socio comercial en América latina. Durante su visita, no se hizo alusión alguna a la grave crisis de derechos humanos ni a la grave tasa de impunidad que impera en México denunciada apenas una semana antes por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en su visita al país.

El respeto de los Derechos Humanos en México, o el cinismo internacional

Al igual que Canadá y Quebec, otros ejemplos que demuestran que los países occidentales que sostienen en su discurso que el respeto a los derechos humanos es una condición sine qua non para establecer relaciones comerciales y que en los hechos no lo toman en cuenta son Francia y Estados Unidos. En enero de 2015, Enrique Peña Nieto y Barack Obama se reunieron en la Casa Blanca donde abordaron temas de seguridad, inmigración, crecimiento económico y las relaciones de cada uno con Cuba, pero no se trató el tema de los recientes crímenes de lesa humanidad en México. Esto pese a que John Kerry, el Secretario de Estado, había recibido a finales de noviembre una carta firmada por 14 senadores republicanos donde le expresaron su preocupación por los 43 estudiantes y los más de 26 000 desaparecidos en México e invitaban al gobierno estadounidense a tomar posicionamiento frente a su socio comercial. Francia, por su parte, recibió como invitado de honor a Enrique Peña Nieto para conmemorar el nacimiento de la tradición en materia de derechos humanos reivindicada por la república francesa, la Toma de la Bastilla, y de paso firmar más de 60 convenios de colaboración en menos de 3 días.

Los organismos multilaterales, por su parte, tampoco se han mostrado muy coherentes. Exactamente en el aniversario de la desaparición de los estudiantes, el 26 y 27 de septiembre del 2015, Enrique Peña Nieto, participó en el 70 aniversario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en donde, entre otras cosas, presidió el primer segmento de la Cumbre de equidad de género de la ONU –México atraviesa además por una grave crisis de feminicidios y de esto tampoco se hizo alusión en dicha cumbre-. Durante la Asamblea General, el presidente de México ensalzó el multilateralismo e hizo énfasis en la responsabilidad que tiene el país al formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el trienio 2014-2016. Ningún representante de ninguna instancia le cuestionó públicamente sobre la situación en México.

Ayotzinapa, un año después, memoria sin justicia  

Ya ha transcurrido un año desde los acontecimientos de la noche de Iguala. La situación en el país no cambió, la tasa de impunidad se mantuvo, los cuerpos policíacos y otros órganos de gobierno siguieron actuando en colusión con el crimen organizado. Los estudiantes aún no están de vuelta. 2 activistas que buscaban a los estudiantes entre las más de 60 fosas comunes que se han encontrado en Guerrero a partir de los acontecimientos de Iguala fueron asesinados. Por otra parte, la renuncia del gobernador del estado de Guerrero y la destitución del Procurador de la República demostraron la envergadura y gravedad del caso. Desgraciadamente, este cambio no es estructural, lo que explica el estancamiento en materia de Derechos Humanos, y por supuesto la falta de acceso a la justicia. No podemos decir que haya un saldo positivo, sin embargo, el caso aún no se ha cerrado. Las movilizaciones que se generaron a partir de esta desaparición forzada sí han logrado hacer tambalear estructuras, y muchas continúan haciéndolo. Por un lado, se hizo pública la situación que atraviesa el país y se dejó en claro que la transición a la democracia mexicana tan mencionada a finales de los años 1990, no se ha cristalizado, al contrario, la crisis de credibilidad en las instituciones se ha hecho manifiesta. Lo cual afecta la imagen internacional de México, que sólo los intereses económicos logran maquillar. Las movilizaciones trajeron también acercamientos y alianzas solidarias con otras luchas a nivel internacional, solidificando estructuras de colaboración que construyen un movimiento a largo plazo por la defensa de causas comunes. Estas redes, tejidas con la memoria, siguen resistiendo al olvido impuesto por el Estado.

Mientras tanto seguimos Caminando porque ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!

Fotografía: Mural “No están solos”, Montreal, diciembre 2014