El Estado mexicano sigue sin respetar los derechos de los Pueblos Indígenas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 16 de febrero de 2016
Boletín de prensa No. 03

A 20 años de los Acuerdos de San Andrés

Hoy hace 20 años, en San Andrés Sakamch’em de los Pobres, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Gobierno Federal firmaron los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas. Son 20 años, en que el gobierno de México se ha negado a cumplirlos; 20 años de puesta en práctica en los territorios zapatistas, con la construcción de sus propias formas de gobernarse, primero a través de los Municipios Autónomos y posteriormente con los 5 Caracoles y sus Juntas de Buen Gobierno.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) considera que el Estado mexicano no sólo ha incumplido su obligación de respetar, garantizar y promover los derechos de los pueblos originarios, sino que ha violentado estos derechos de manera reiterada. Esto, para imponer su política económica y así avanzar en un modelo de desarrollo económico en beneficio de las empresas nacionales y extranjeras, en despojo a las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país.

Las administraciones federales y estatales han pisoteado los derechos indígenas, particularmente a la libre autodeterminación, la autonomía y a la tierra y el territorio. Es el caso del pueblo nahua de Xochicuautla, en el Estado de México, que denuncia la devastación de su territorio por amenaza de la autopista Toluca-Naucalpan, proyecto del grupo Higa; y la Tribu Yaqui en Sonora, que ha ganado un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender el Acueducto Yaqui, que les quita el agua para abastecer a la industria en Hermosillo, sin embargo, las propias autoridades no han respetado esta decisión.

También han sido atacadas las formas de gobierno que varias comunidades y pueblos originarios han construido, como las comunidades autónomas de Santa María Ostula y Cherán en Michoacán, agredidas por gobiernos locales, estatales y federal no pocas veces coludidos con la delincuencia organizada.

Es importante señalar que continúa la política de contrainsurgencia del Estado mexicano en contra del EZLN y los pueblos en Chiapas que construyen caminos diversos al capitalismo neoliberal. Es evidente la militarización en zonas indígenas, el impulso a conflictos en comunidades con presencia zapatista, la instrumentalización de organizaciones campesinas para confrontar a Bases de Apoyo del EZLN y la utilización de programas gubernamentales asistencialistas para controlar y cooptar a la población que resiste. Además persiste el desplazamiento forzado y la impunidad en delitos de lesa humanidad cometidos por el Ejército mexicano y grupos paramilitares.

Frayba reivindica el inalienable derecho de los pueblos indígenas a la autonomía y a la libre determinación para definir sus propias formas de gobierno, así como su derecho a la tierra y el territorio, elemento fundamental de su cosmovisión y necesario para su sobrevivencia.