Honduras : Cuerpos y territorios

Texto de Jackie McVicar

Fotografias de Louis Bockner.

En febrero de 2018, la escritora y activista Jackie McVicar y el fotografo Louis Bockner viajaron a Honduras para documentar las historias de personas en resistencia al gobierno de Juan Orlando Hernández, impuesto de manera fraudulenta, y la crisis «postelectoral» que enfrentaba el país. Cerca de 40 personas fueron asesinadas entre las elecciones de noviembre de 2017 y la toma de poder dos meses más tarde. Hasta la fecha, solo se ha procesado un caso, lo que terminó con la captura de un oficial de policía, acusado del asesinato de un joven de 16 años que fue asesinado a tiros en su camino a la iglesia.

Hablando con más de 50 personas en una semana, la mayoría en las regiones del norte y oeste del país, quedó claro que la crisis postelectoral era solo parte de una situación crítica más grande que el país había estado enfrentando desde al menos el golpe de Estado del 2009.

Todos los días, cientos de hondureñxs, impactadxs por políticas neoliberales impulsadas por intereses económicos canadienses y de otros países que ponen en riesgo sus vidas y sus medios de vida, se ven obligadxs a huir de la crisis. Miles enfrentan el gran riesgo de emigrar y buscar refugio porque en Honduras no ven ningún futuro.

Lxs visionarixs, líderes, organizadxres de las comunidades, como lxs que entrevistamos, que valientemente forman parte de la resistencia, se ven obligadxs a elegir entre su lucha y su sobrevivencia.

Sus cuerpos, sus territorios están bajo ataque.

Aquí van unos retratos de estos encuentros. Retratos de cinco mujeres: retratos de resistencia, de determinación feroz y de coraje incomprensible frente a un sistema que no tiene lugar para ellas.

Albertina López Melgar
Planes, Terrena Blanca

“Nosotros, las comunidades aquí, nos organizamos para defender nuestros bienes naturales,” dice Albertina López Melgar, mujer organizada desde el Movimiento Amplio para la Justicia y la Dignidad (MADJ).  “Ha sido una experiencia de muchas alegrías, de muchas tristezas. Hemos vivido de todo. Nosotros hemos apostado aquí, defendiendo nuestro territorio, que no se contamine el agua.”

Albertina y miembros de su comunidad en el sector Pajuiles han estado en resistencia a un proyecto hidroeléctrico propuesto en la Cordillera Nombre de Dios y el rio Mezapa por más de un año y medio a través del “Campamento digno para el agua y la vida”.  Albertina, con seis meses de embarazo, fue detenida violentamente por la policía por 16 horas antes de que la dejaran libre con el apoyo de sus abogados. Mas de 20 personas de la comunidad han sido criminalizadas y muchas más reprimidas violentamente por fuerzas de seguridad del Estado hondureño, respondiendo a los intereses de la empresa Hidrocep y su dueño Jason Hawit. Otras han sido secuestradas y asesinadas, hechos no investigados ni castigados. Con el apoyo de MADJ, han puesto recursos legales para frenar el proyecto, pero el empresario, empoderado por el respaldo del estado, ha hecho todo lo posible para seguir adelante con el proyecto.

“En nuestro país, las instituciones que nos representan no están representando el pueblo, están representando los intereses económicos de grandes empresas que no nos traen desarrollo. Es para un pequeño grupo que traen desarrollo económico. Para nosotros, solo traen destrucción.”

Aun así, Albertina y el Campamento digno siguen en pie de lucho. “Una experiencia de lucha muy bonita por las comunidades, la unidad de las comunidades. Ver cómo, cuando hay una alerta se hace el llamado y la gente viene… la gente está aquí. Atenta. Alerta. Porque estamos conscientes y estamos decididxs a luchar por nuestro territorio.”

Gloria Orellana
Agua Blanca Sur

“Lo único que nos quede es luchar y luchar y luchar. Tiene que ser permanente. Porque lucha que no se pelea es lucha que se pierde.”

Para Gloria Orellana, la crisis actual que vive Honduras tiene mucho que ver con el golpe de estado en 2009. “A través de lo que paso en 2009, hemos llegado a entender que nuestra soberanía, nuestro territorio que nos pertenece, ha sido despojado. Nos han venido violentando nuestro derecho, pero aquí estamos. Estamos luchando para que nuestros derechos sean respetados.”

Gloria has sido parte activa del movimiento social; habla de su participación en la lucha para la reforma agraria, la soberanía vial, acceso al agua, la educación y salud pública; luchas por lo cual ella y otras han sufrido muchas agresiones por la policía militar. “Recordemos que estamos haciendo una lucha contra el sistema. Un sistema patriarcal que solo beneficia a los ricos.”

“Ahí vamos caminando, porque sabemos que ahorita con este posgolpe electoral, con el gobierno que esta acá, él no se preocupa por lo que es los bienes comunes y el pueblo. A él no le conviene nada lo que nos conviene como ciudadanos.” El gobierno de Juan Orlando Hernández retomo el poder a finales de enero 2018 después de un proceso electoral marcado por ilegalidades, fraude y violencia estatal. Igual como después del golpe de estado de 2009, el gobierno canadiense reconoció y apoyó los resultados contestados de las elecciones. Asi, legitima al gobierno represivo para que tome las acciones necesarias para mantener su poder a través de instituciones estatales que provocan inseguridad y políticas represivas que convierten a los que defienden sus derechos en delincuentes u objetivos de violencia. “Cuando reclamamos nuestro derecho y reclamamos lo que el gobierno tiene la obligación de darnos, lo único que nos dan es represión y muerte. Esto es lo que nos dan.”

María Carmela Caballeros
Azacualpa

“Aquí tengo hermanos y yo no estoy de acuerdo que los sacan.” Maria Carmela Caballeros habla rápido y con convicción. “Están mis suegros, cuñados y no estamos de acuerdo que los quitan de aquí.”

La mina San Andrés es una mina de oro a cielo abierto que pertenece a la compañía Aura Minerals, con sede en Toronto. En agosto de 2009, unas semanas después del golpe de estado respaldado por los militares que derrocó al presidente Mel Zelaya, Aura Minerals adquirió la mina y comenzó su expansión en medio de la agitación social y política. Hoy, lo único que se interpone en el camino de la expansión continua de Aura Minerals, la cual vería a toda la comunidad de Azacualpa desplazada y reubicada, es un pequeño cementerio en la cima de una colina, lleno de oro.

“Es un cerro que queremos defender tanto los muertos como los que estamos vivos.”

Según el informe de 2016 sobre la Ley de Medidas de Transparencia del Sector Extractivo (ESTMA), Aura Minerals pagó al gobierno de Honduras un impuesto de seguridad del 2%, equivalente a $ 2.48 millones de dólares estadounidenses. El impuesto estaba consagrado en la Ley de Minería de Honduras de 2012, en el desarrollo de la cual Canadá desempeñó un papel importante.

En 2016, Aura Minerals se embarcó y se registró en las Islas Vírgenes Británicas y ya no se considera una compañía canadiense. Al mismo tiempo, Canadá brindó apoyo diplomático y político a la compañía durante años, además de los anteriores propietarios canadienses de la mina. Ir “offshore” o vender minas después de que haya implicaciones de violaciones graves de los derechos humanos es una táctica común que emplean empresas mineras canadienses para escapar a las acciones económicas y judiciales contra ellas.

Dilma Consuelo Soto
Tribu Francisco del pueblo Tolupan, Departamento Yoro

“Estamos en la defensa de nuestro territorio porque las tierras han sido acaparadas por los terratenientes. Estamos en la defensa del bosque porque las empresas siguen explotando la naturaleza.”

Consuelo y su comunidad indígena comenzaron su lucha para proteger sus tierras, árboles y sus aguas en 2002. En 2013, Ricardo Soto Fúnez, María Enriqueta Matute y Armando Fúnez Medina fueron asesinadxs por sicarios que trabajan en una empresa minera en la zona. En 2015, Luis de Reyes Marcía, esposo de Consuelo, fue asesinado a tiros por su activismo. Hoy, Consuelo continúa enfrentando tremendos riesgos por su liderazgo abierto.

“Hay tantas empresas en nuestro territorio. Como nosotros, indígenas, somos abandonadxs también por el gobierno. El gobierno desconoce nuestro pueblo Tolupan.” Dilma Consuelo habla de las enfermedades que viven los niños, la falta de atención medica – hay un centro médico y no siempre está abierto,  poniendo el riesgo la vida de los que se enfermen – dado la poco importancia acordada a su comunidad por el Estado. “Me siento indignada.”

“Nosotras, las mujeres, hemos empezado a organizarnos porque hay tanta destrucción que vemos. Lo que manifestamos pacíficamente, lo hacemos con un amor al pueblo.”

Karen García
Durugubuti – San Juan Tela

“No somos partidarias de la injusticia y esto es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país,” dice Karen García, coordinadora de la Organización Esperanza de la Mujer Garífuna y miembra de Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).

Comunidades garífunas [1] en la costa norte de Honduras viven violencia a raíz del racismo estructural. En Durugubuti (también conocido como San Juan Tela), la llegada de empresas bananeras, luego de empresas agrocombustibles como Palma Africana, y hoy día, compañías de turismo, en su mayoría canadienses, las desalojan violentamente de sus tierras y aguas ancestrales. “En la mayoría de las comunidades garífunas, hay compañerxs que están siendo perseguidxs. Algunxs están perseguidxs por los militares y otrxs que están siendo perseguidxs por terratenientes puesto a la problemática que tenemos con nuestras tierras. Nuestro enemigo siempre es el estado. Porque él es el que otorga a terceros hacer ocupaciones de las tierras de nosotros, los Garífunas.”

En marzo 1937, 19 personas garífunas fueron masacradas en Durugubuti. Mujeres y jóvenes fueron violadas y las casas fueron saqueadas en un ataque promovido por el partido nacional. Nunca hubo una justicia integral en este caso y la misma violencia estatal continua hoy a través de políticas económicas que amenazan. Las Zonas de Empleo Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocidas como las “ciudades modelo”, amenazan a comunidades garífunas con desplazarlas.

“Son empresas de todos lados que nos perjudican como comunidad garífuna, puesto de que todos los proyectos que traen necesitan ubicarles en la orilla de la playa.” Randy Jorgenson, un canadiense que hizo su fortuna a través de su cadena de tiendas de películas pornográficas, ha sido uno de los impulsores más feroz del despojo violento de territorio garífuna para el desarrollo de proyectos turísticos. Ha usado chantaje, amenazas y acción judicial arbitraria para poner freno a la resistencia; luego vende la costa norte de Honduras a canadienses jubilados.

“Entre todas, tenemos que solidarizarnos.”

Notes

[1] Lxs Garífunas, pueblo caribeño, son el resultado del mestizaje entre esclavos africanos fugados e indígenas calliponas en la isla de San Vicente; fueron deportados a la costa centroamericana a finales del siglo XVIII. [ndlr]