Territorio, trabajo, participación y violencia: Impacto de las extractivas en la vida de las mujeres

La tendencia de los gobiernos de América Latina en la última década ha sido atraer inversiones hacia el sector extractivo, a la par que se debilitan o se crean legislaciones cada vez más laxas con el fin de facilitar actividades como minería o extracción de hidrocarburos. Esto ha repercutido en una mayor presencia de las actividades extractivas en la región, de tal forma que América Latina sigue siendo una región proveedora y exportadora de materias primas hacia otras economías globales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina sigue albergando a los países con más desigualdad en el mundo, el modelo extractivista ha recrudecido la desigualdad en la región [2]. No se supo aprovechar el boom económico de la década pasada para crear las bases de un crecimiento inclusivo, sólido y sostenible.

El crecimiento económico provocado por el extractivismo es insostenible y más bien genera exclusión, pobreza, desigualdad y discriminación [3]. La extracción intensiva de recursos no renovables, como minería y petróleo, impacta severamente no sólo en el medio ambiente; sino que afecta directamente los medios de vida de las comunidades que dependen de estos recursos naturales, deteriorando su calidad de vida, violentando sus derechos y generando pobreza. En esta re-primarización de sus economías han convergido tanto gobiernos neoliberales, como reformistas, post-neoliberales, o socialistas del siglo XXI. En estos últimos, el Estado juega un papel más activo en la captación de renta petrolera para invertir el excedente en programas sociales, justificando el extractivismo como “necesario” para lograr el desarrollo nacional [4].

De la mano del extractivismo, el sistema patriarcal sigue impactando la vida de las mujeres que en buena medida están siendo afectadas por dichos proyectos. En los países que son dependientes de industrias extractivas, las brechas de género se han intensificado [5]. Conforme las actividades extractivas ingresan a los territorios, la desigualdad social y sobre todo la violencia sistémica contra las mujeres son más agresivas, en contraposición con las oportunidades que estas puedan generar a favor de su desarrollo. Algunos impactos, como los que afectan la salud de las mujeres o el uso de su tiempo, se hacen cada vez más visibles y evidentes. Otros, sin embargo, siguen parcialmente invisibilizados, aunque repercutiendo el ejercicio de los derechos de las mujeres a la participación en una vida libre de violencia, a la titularidad de la tierra, privada o social, entre otros. Así, el desarrollo extractivista se perpetúa y se mantiene vivo, en buena medida, gracias a un modelo patriarcal que lo sostiene y refuerza.

Conflictos socioambientales y violaciones de derechos humanos

Es necesario señalar que a causa del extractivismo, también han surgido severos conflictos socioambientales en toda la región. Es un hecho que el número de conflictos relacionados con la protección de derechos sobre la tierra, el territorio y el medio ambiente sigue creciendo, cuenta de ello da la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual reconoce la existencia de un patrón de discriminación y de diversas formas de violencia específicas hacia las mujeres indígenas, tribales y afrodescendientes en un contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo [6]. La CIDH en diversos informes destaca que la presencia de terceros ajenos a las comunidades, así como la presión que estos y las empresas ejercen sobre las tierras y recursos naturales. Vulneran la armonía entre los pueblos y sus medios de vida y pueden provocar una progresiva desintegración de las redes y tejidos sociales de las comunidades.

Mujeres rurales frente al extractivismo: de la exclusión a la resistencia

Las mujeres rurales en Latinoamérica se encuentran en constante pie de lucha: campesinas, indígenas, afrodescendientes, agricultoras, pescadoras, asalariadas o estudiantes, todas ellas, desde su diversidad, se encuentran resistiendo los impactos y afectaciones que las extractivas han generado en sus territorios.

En el campo, existen actividades economícas sostenibles que permiten a las mujeres vivir saludablemente con la naturaleza y generar bienestar par sus familias y comunidades. Este bienestar se ve afectado por el impacto directo de las industrias extractivas en la calidad de la tierra, agua y aire e impacta su autonomía física, económica y política.

Además de la precarización del trabajo en América Latina, la vida de las mujeres rurales está caracterizada por la sobrecarga debida a la división sexual del trabajo, que les atribuye el cuidado de hijos, ancianos y personas enfermas; la invisibilización del trabajo que realizan en el ámbito reproductivo, productivo y para el autoconsumo; el bajo acceso a los medios de producción: tierra, agua, semillas, insumos; la escasa participación política; la poca autonomía económica y de decisión, entre otros [7].

Entonces, no es extraño que empresas extractivistas y gobiernos usen frecuentemente promesas de empleo y desarrollo como parte de sus argumentos para lograr que las comunidades consientan la aplicación de proyectos extractivos en sus territorios. Tampoco es raro que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible este más enfocado en “avivar” las economías que en los derechos humanos. [8]  Tampoco es de extrañar que el extractivismo sea parte de un proceso de mercantilización de la participación de las mujeres, que con un aparente interés por incorporar un enfoque de género en sus actividades impulsa procesos que tienen un impacto regresivo en los derechos de las mujeres. En efecto, robustecen estereotipos en la poca oferta laboral dirigida a mujeres, miran su participación de manera asistencialista, y no consideran su participación efectiva, excluyéndolas de procesos de toma de decisiones, entre otros.

Represión en contra de las mujeres defensoras de los territorios y de los derechos humanos

Las formas de represión contra las mujeres defensoras ocupan una gama diversa, llegando hasta la muerte, tal y como se rescata del informe 2018 de Global Witness. Esta organización contabilizó 207 asesinatos de defensoras de la tierra y del medio ambiente solo para el año 2017. América Latina es la región con mayor número de asesinatos, casi 60% de ese total [9].

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) en su informe 2017 registró 100 casos de defensoras agredidas en el periodo de 2012 a 2014, en relación con la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales [10]. Además, identificó a los principales perpetradores de las agresiones, no sorprende que sea el Estado quien cometió el mayor número de agresiones. Según las cifras de la RNDDHM, 299 servidores públicos estuvieron involucrados en agresiones contra defensoras entre 2012 y 2014 [11]. Las defensoras identifican a las autoridades de los tres niveles de gobierno como sus principales agresores, entre los que destaca la policía.

Un tipo de agresión perpetrada por los actores estatales consiste en la criminalización y judicialización de las defensoras. En su informe 2015, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IMMDDH) identifica tres formas o patrones de criminalización que se activan para neutralizar la actividad de las defensoras: a) La calumnia y campañas de desprestigio; b) La estigmatización, segregación y el ostracismo y c) La judicialización [12].

Es importante visibilizar los casos de vulneración de derechos a defensoras en aras de fomentar esfuerzos de prevención, no únicamente de tomar acciones cuando un conflicto haya estallado. Es preciso ejercer un continuo monitoreo e incidencia en las políticas públicas y con actores privados respecto a acciones que puedan impactar mujeres indígenas y sus territorios.

Mujeres organizándose desde sus comunidades: algunos casos

Una de las actividades que realizó el Grupo de Género y Extractivas fue el Webinario “Mujeres frente al extractivismo: experiencias latinoamericanas”, realizado en marzo del 2018, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este, se compartieron importantes testimonios de mujeres defensoras del territorio de México, Centroamérica y Perú, identificándose las estrategias y formas de organización que las mujeres están construyendo.

Desde México, la organización Tlalyaocihuah, A.C. describió el conflicto al interior de la comunidad Naranjillo, cuya población mayoritariamente es femenina, dada la elevada migración masculina a los Estados Unidos. En esta comunidad son las mujeres quienes tienen que resolver día a día las labores de cuidado y de sustento de sus familias, a la par que se organizan para resistir a la actividad minera. Pese a ello, la titularidad de la tierra está mayoritariamente en manos de los hombres.

En Perú, Delfina Tawan Catip, mujer Awajun, dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, compartió las valiosas experiencias de las mujeres que desde sus territorios resisten y luchan contra los proyectos extractivos. En este caso, son las mujeres indígenas quienes cumplen un rol muy importante en la lucha anti-extractivista y en la defensa de territorios y derechos. Aunque las empresas se esfuerzan en masculinizar la interlocución con los pueblos indígenas, ellas se están organizando para que su participación sea efectiva y no invisibilizada.

Del mismo modo, Claudia Castro, integrante de la Red Centroamericana de Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas (RECMURIC), destacó la diferencia entre la realidad práctica y jurídica: las mujeres cultivan una tierra que no les pertenece y, además, no son elegilible para crédito. En su país, El Salvador, una mujer sin tierra está subordinada al hombre, por ello es necesario ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y a otros modelos de producción.

Como ellas, hay muchas experiencias donde la resistencia de las mujeres rurales parte desde la organización en sus comunidades, haciendo frente al extractivismo: realizando actividades de movilización y confrontación como marchas, protestas, bloqueos de accesos a minas, pozos petroleros, presas, centrales o caminos. Esto hace que ellas asuman otro reto: el ejercicio de un liderazgo político, haciendo incidencia, asumiendo los riesgos de ser criminalizadas o incluso asesinadas.

En ese sentido, es importante y necesario prestar atención a los procesos que amenazan los territorios, detectarlos, denunciarlos y organizarse para hacerles frente. Asimismo, es importante que, como estrategia de acompañamiento a las mujeres en sus resistencias, grupos como el Grupo Regional de Género y Extractivas hagan visible la feminización de la lucha contra el extractivismo en la región, poniendo siempre a las mujeres al centro y como protagonistas de sus procesos de lucha.

Fotografía de DAR.

Notas 

[1] Concretan este artículo, Beatriz Olivera (Fundar Centro de Análisis e Investigación), Hilda Salazar (Mujer y Medio Ambiente), Rocío Ávila (Experta), Dolores Rojas (Böll México), Cristina García (Centro Mexicano de Derecho Ambiental) y Mayra Dongo (Derecho, Ambiente y Recursos Naturales).
[2] Comisión Económica para América Latina y el Caribe/ CEPAL (2016). “Hacia una nueva gobernanza de los Recursos Naturales para América Latina y el Caribe.” Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40157/1/S1600308_es.pdf (revisado en septiembre de 2018).
[3] Gudynas, Eduardo. (2015). Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la Naturaleza. Bolivia: Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), 453 p.
[4] Ibid.
[5] Hailu, Degol. (2015). “La brecha de género en países dependientes de industrias extractivas.” Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/blog/2015/7/28/The-gender-gap-in-extractive-dependent-countries.html (página consultada en septiembre de 2018).
[6] Comision Interamericana de Derechos Humanos / CIDH (2015). Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo, en ligne: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/IndustriasExtractivas2016.pdf
[7] Esto se expresa, por ejemplo, en los pocos mecanismos que permiten el acceso de las mujeres rurales a la tierra, como la herencia y la cesión gratuita. Los porcentajes de mujeres propietarias varían de país a país, pero quedan relativamente bajos, por ejemplo: en Perú (12.7%), Honduras (14.4%), México (32%), Nicaragua (19.9%), entre otros. Fuente : Nobre, M. y Hora, Karla (2017). Organizacion de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura (2017). “Atlas de las mujeres rurales de América Latina y El Caribe: Al tiempo de la vida y los hechos.” Disponible en http://www.fao.org/3/a-i7916s.pdf (página consultada en septiembre de 2018).
[8] Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Goals, SDGs) refieren a los 17 objetivos adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 (ndlr). Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Objetivos_de_Desarrollo_Sostenible
[9] Global Witness (2018). “¿A qué precio? Negocios irresponsables y el asesinato de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2017.” Disponible en:  https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/a-qu%C3%A9-precio/  (página consultada en septiembre de 2018).
[10] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México / RNDDHM (2017). “Informe: Agresiones contra defensoras de derechos humanos en México. Diagnóstico nacional.” Disponible en: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2017/03/INFORME_interactivo.pdf (página consultada en mayo de 2018)
[11] Idem. (Estos datos tratan de agresiones en contra de mujeres defensoras de DDHH, no solo de mujeres defensoras del territorio, ndlr).
[12] Iniciative Mesoamericana  de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (2015), “Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos en Mesoamerica, Informe 2012-2014”. Disponible en: http://im-defensoras.org/wp-content/uploads/2016/04/283951300-Informe-2012-2014-de-Agresiones-contra-Defensoras-de-DDHH-en-Mesoamerica.pdf (página consultada en noviembre de 2018) (Estos datos tratan de agresiones en contra de mujeres defensoras de DDHH, no solo de mujeres defensoras del territorio, ndlr).

Foto 1 (crédito: DAR)

Foto 2 Comunidad Dos de Mayo. (crédito: DAR)

Foto 4 (Créditos: Fede Blanco)

Foto 5: Cultivando la tierra en Pozolapan, Veracruz. (Crédito: Beatriz Olivera)

Foto 6: Niñas Awajum. (Crédito: Fede Blanco)

Foto 7: Claudia Castro de RECMURIC, El Naranjillom (Crédito: BeatrizOlivera)